Facebook Twitter Linkedin Youtube
 
"De la cuna a la cuna" NEWSLETTER DE LA FUNDACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

FRANCIA: ADOPTADA LA LEY DE MOVILIDADES

El pasado 18 de noviembre la Asamblea nacional de Francia dio luz verde a la Ley de Orientación de Movilidades (LOM, según sus siglas en francés).
Bandera

El Ministro de Transición Ecológica elogia la adopción de muchas medidas para una movilidad más limpia. Entre ellos, la inclusión en la ley del objetivo del transporte terrestre neutral en carbono para 2050, con una reducción del 37.5% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y prohibición de vender vehículos de combustión interna (diésel y gasolina) para 2040.

La ley establece el objetivo de multiplicar por cinco, para 2022, las estaciones públicas de carga de vehículos eléctricos. Contiene varias medidas para apoyar la movilidad eléctrica: equipamiento obligatorio de aparcamientos con más de diez plazas de edificios nuevos o renovados, creación de un derecho a la vivienda colectiva y simplificación de las reglas de votación para las obras, posibilidad de recarga gratis en el lugar de trabajo. El Ministerio de Transición Ecológica también propone medidas de apoyo para vehículos que funcionan con gas: la posibilidad de conectar estaciones de servicio a la red de transmisión de gas, un dispositivo para el uso local de biogás para la movilidad.

El texto votado también prevé medidas para ecologizar gradualmente las flotas profesionales, tanto de las autoridades estatales y locales como de las empresas.

La Ministra de Transición Ecológica y Solidaria, Elisabeth Borne, también promueve el apoyo para el desarrollo de zonas de bajas emisiones (ZFI). Quince comunidades se han embarcado en una iniciativa para crear o fortalecer dicha zona para 2020, para limitar el tráfico a vehículos menos contaminantes de acuerdo con los criterios de su elección (alcance, horarios, tipos de vehículos).

Uso de bicicletas totalmente reconocido como medio de transporte

La ley también contiene otras disposiciones. Entre ellas, la implementación del plan de bicicletas tiene como objetivo triplicar la participación modal de la bicicleta en 2024 al 9%: obligación de realizar rutas en bicicleta en caso de trabajo, realización de un patrón nacional de rutas ciclistas y vías verdes, una prohibición de estacionamiento de cinco metros aguas arriba de cruces peatonales, señalización de puntos ciegos de camiones, equipos para trenes y autocares, relajación de las condiciones para crear una sala de bicicletas en un condominio.

Otra medida emblemática de la ley es la creación del paquete de movilidad sostenible, que reemplaza el límite de kilometraje de bicicleta considerado demasiado complejo. Permite a todos los empleadores (públicos y privados) a que contribuyan a los gastos de desplazamiento de sus empleados en automóvil o bicicleta hasta 400 euros por año (€/año) libres de impuestos y contribuciones a la seguridad social. El Estado empleador se ha comprometido a implementar el paquete de movilidad sostenible para todos sus agentes por una suma de 200 €/año.

La ley también establece un nuevo marco regulatorio para las ofertas de movilidad de flotación libre con "un esquema de autorización previa emitido por el municipio y especificaciones definidas a nivel local que deben cumplirse", informa el Ministerio francés de Transición Ecológica.

Eliminar áreas blancas

La LOM también tiene como objetivo eliminar las "áreas blancas" de la movilidad. Por esta razón, prevé que todo el territorio esté cubierto por las autoridades de movilidad (AOM). El texto deja la opción a las comunidades, antes del 31 de diciembre de 2020, de aprovechar esta competencia a través de su intercomunalidad. De lo contrario, la jurisdicción volverá a las regiones. "Los planes de movilidad se crean y reemplazarán los actuales planes de transporte urbano (PDU)", explica Élisabeth Borne.

Uniéndose a las críticas del Senado, la Fundación Nicolas Hulot también señala el riesgo de que las comunidades no puedan apropiarse de las herramientas propuestas por falta de medios financieros adicionales. "Este proyecto de ley conlleva inversiones sin precedentes: 13.400 millones de euros en el período de cinco años", señalan desde el Ministerio de Transición Ecológica.

Para los próximos meses, la apuesta es la movilización de los actores territoriales pero también de las empresas.