Madrid, 2 de marzo de 2026. Hay una imagen incómoda que rara vez aparece en las campañas de sostenibilidad empresarial: almacenes llenos de productos nuevos que nunca llegarán a usarse. Ropa sin estrenar, pequeños electrodomésticos intactos, juguetes aún en su embalaje original. No están defectuosos. No están usados. Simplemente no se vendieron. Y en demasiadas ocasiones, se destruyen.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2, aprobado por la Comisión Europea el 9 de febrero de 2026, introduce un cambio silencioso pero estructural: obliga a las grandes empresas —y a partir de 2030 también a las medianas— a divulgar de forma detallada cuántos productos de consumo no vendidos desechan, cuánto pesan, por qué los destruyen y qué tratamiento reciben. El texto desarrolla el artículo 24 del Reglamento (UE) 2024/1781, que establece el marco europeo de diseño ecológico de productos sostenibles.
Puede parecer una obligación meramente administrativa. En realidad, es un instrumento de política industrial y ambiental de gran alcance.
Lo que no se mide no se corrige
La economía lineal ha convivido durante décadas con una contradicción profunda: producir bienes que, en algunos casos, nunca cumplirán su función social. Se fabrican, se transportan, se almacenan… y se destruyen. Energía, materias primas, agua, logística y emisiones incorporadas que no generan ningún uso real. El nuevo reglamento no prohíbe todavía esa práctica. Pero obliga a hacerla visible.
Las empresas deberán publicar anualmente:
• Número de unidades desechadas.
• Peso total.
• Motivos del desecho.
• Proporción destinada a preparación para reutilización, reciclado, valorización energética o eliminación.
• Medidas adoptadas y previstas para evitar futuras destrucciones.
Además, el formato está armonizado a escala europea, basado en códigos de la nomenclatura combinada (NC), con criterios de verificación definidos y obligación de conservar documentación durante cinco años. Este detalle técnico es clave. No se trata de declaraciones genéricas de sostenibilidad. Se trata de datos comparables, auditables y estructurados. En economía ambiental existe un principio básico: lo que se mide, se gestiona. Y lo que se publica, se transforma.
El contexto: Europa aún desperdicia demasiado
Para entender la relevancia de esta medida conviene observar la magnitud del problema de residuos en la Unión Europea.
Cada año, la UE genera aproximadamente 2.200 millones de toneladas de residuos. Si se distribuye entre la población, equivale a unas cinco toneladas por habitante. En residuos municipales, la cifra ronda los 500 kilogramos por persona y año.
Algunos flujos son especialmente significativos:
• Más de 83 millones de toneladas anuales de residuos de envases.
• Cerca de 58 millones de toneladas de desperdicio alimentario.
• Aproximadamente siete millones de toneladas de residuos textiles cada año.
• Millones de toneladas de residuos electrónicos, uno de los flujos de mayor crecimiento.
A estos datos estructurales se suma un flujo menos visible: productos nuevos que nunca llegan a utilizarse. En sectores como el textil, la electrónica, el mobiliario o los bienes de consumo duradero, la sobreproducción y las estrategias comerciales pueden generar excedentes que terminan destruyéndose.
Desde el punto de vista ambiental, esto supone desperdiciar recursos minerales críticos, fibras, plásticos, agua, energía y emisiones ya generadas. Desde el punto de vista económico, implica ineficiencias que rara vez se internalizan plenamente. La destrucción de productos nuevos es la expresión más clara de una economía que aún no ha ajustado producción y demanda bajo criterios de sostenibilidad.
Un paso técnico bien diseñado
El valor del reglamento no está solo en su intención, sino en su arquitectura técnica.
• Primero, armoniza criterios. Las categorías de productos se delimitan por códigos NC, evitando interpretaciones nacionales dispares. Esto permite generar una base de datos europea coherente y comparable.
• Segundo, introduce un enfoque de verificación basado en riesgo. Las autoridades nacionales pueden priorizar controles cuando detecten cifras anormalmente bajas, porcentajes elevados de tratamiento “desconocido” o incoherencias documentales. No es una fiscalización indiscriminada, sino estratégica.
• Tercero, integra la obligación dentro de los informes de sostenibilidad empresariales cuando corresponda, reduciendo cargas administrativas y evitando duplicidades.
En conjunto, se trata de un diseño regulatorio inteligente: genera transparencia sin imponer, de entrada, prohibiciones generalizadas.
Transparencia como palanca de cambio sectorial
La publicación de datos no es neutra. Tiene efectos económicos y reputacionales.
En el sector textil, donde la sobreproducción es estructural, declarar públicamente la destrucción de excedentes puede acelerar la transición hacia modelos bajo demanda, reventa o reacondicionamiento.
En la electrónica, donde los productos contienen metales críticos como litio, cobalto o tierras raras, la visibilidad de destrucciones puede incentivar mercados secundarios y estrategias de recuperación de valor.
En la gran distribución, la obligación de informar puede mejorar la planificación logística y la gestión de inventarios.
Cuando las cifras se comparan entre competidores, la presión reputacional actúa como incentivo adicional. Ninguna empresa quiere aparecer sistemáticamente como destructora de bienes nuevos en un contexto de creciente sensibilidad social. La transparencia crea competencia positiva.
De la información a la transformación
Sin embargo, la transparencia es solo el primer paso. Para consolidar una economía circular coherente, la Unión Europea debería avanzar en varias líneas complementarias.
• En primer lugar, una vez consolidada la base de datos europea, podrían establecerse restricciones progresivas a la destrucción en determinadas categorías, especialmente cuando existan alternativas viables de reutilización o reacondicionamiento.
• En segundo lugar, la fiscalidad puede jugar un papel clave. Incentivar fiscalmente la donación estructurada, la preparación para la reutilización y el reacondicionamiento, y desincentivar económicamente la destrucción sistemática, ayudaría a corregir señales de mercado.
• En tercer lugar, el desarrollo pleno del Pasaporte Digital de Producto permitirá conectar datos de composición, trazabilidad y fin de vida con las cifras de destrucción. Esto facilitaría políticas más precisas y cadenas de suministro más circulares.
• En cuarto lugar, es imprescindible reforzar infraestructuras de preparación para la reutilización. En muchos Estados miembros, gran parte de los productos no vendidos que no se destruyen acaban directamente en reciclaje o valorización energética, perdiendo la posibilidad de una segunda vida útil.
• Por último, la Comisión debería publicar anualmente datos agregados por sector y Estado miembro, generando una métrica pública europea que permita evaluar avances y orientar políticas industriales.
Un cambio cultural en marcha
Durante décadas, el éxito económico se midió en volumen de producción y ventas. Pero la sostenibilidad exige otra métrica: eficiencia material y energética por unidad de utilidad social generada.
Destruir productos nuevos no es solo un problema ambiental. Es un síntoma de desajuste estructural entre producción y necesidad real.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2 no resuelve por sí solo ese desajuste. Pero introduce una herramienta poderosa: la obligación de mirar el problema de frente.
La economía circular no empieza en el contenedor de reciclaje. Empieza en el diseño, continúa en la planificación productiva y se consolida en la transparencia. Europa ha decidido que la destrucción de bienes nuevos deje de ser una práctica invisible.
En política ambiental, a veces los grandes cambios no comienzan con prohibiciones espectaculares, sino con algo más sencillo y más transformador: exigir datos claros. Y cuando los datos son públicos, el mercado, la regulación y la sociedad empiezan a moverse.
Este reglamento es, precisamente, eso: un movimiento estructural hacia una economía que produce mejor, desperdicia menos y asume que cada recurso cuenta.
Miguel Aguado Arnáez
Divulgador Ambiental, Socio Director de la consultora B LEAF y Patrono del a Fundación para la Economía Circular
