En el marco del proceso de consulta pública previo al proyecto del nuevo Real Decreto que regulará los envases y residuos de envases en España, la Fundación para la Economía Circular ha remitido una batería de propuestas estratégicas con el objetivo de reforzar la coherencia y eficacia de la normativa nacional, alineándola con el recién aprobado Reglamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo, que deroga la Directiva 94/62/CE y marca un nuevo rumbo en la gestión de estos residuos en toda la Unión Europea.
Conscientes de la trascendencia de esta normativa para avanzar hacia un sistema de producción y consumo más sostenible, desde la Fundación, tras consulta con los miembros del patronato y consejo asesor, hemos querido contribuir con una serie de observaciones y recomendaciones que buscan garantizar una adecuada implementación del marco europeo y, al mismo tiempo, responder a los retos y oportunidades específicos del contexto español.
Entre nuestras principales aportaciones destacan:
Clarificación de definiciones: Proponemos revisar las categorías de envases domésticos, comerciales e industriales, con criterios basados en el uso final más que en el canal de distribución, incorporando ejemplos prácticos que faciliten su comprensión y correcta clasificación. (Por ejemplo, distinguir si un envase será usado en un hogar o en un comercio, más allá de dónde se vendió el producto.)
Reutilización efectiva: Para cumplir con los ambiciosos objetivos europeos en materia de reutilización (uso reiterado de un mismo envase antes de convertirse en residuo), abogamos por un sistema de trazabilidad digital (que permita seguir el ciclo de vida de cada envase), incentivos fiscales para empresas líderes y una red coordinada de puntos de recogida en sistemas abiertos (como bares, supermercados o eventos, donde los consumidores retornan los envases para su limpieza y reutilización).
Coordinación entre SCRAPs: Reclamamos una plataforma de coordinación obligatoria entre Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs, entidades que organizan la recogida y reciclaje de envases en nombre de los productores), supervisada por un órgano independiente, con reglas homogéneas para el reparto de costes y el intercambio de información, que evite ineficiencias y distorsiones de competencia.
Control del fraude y “free riding”: Proponemos un registro digital centralizado de productores, con verificación cruzada entre administraciones (por ejemplo, Hacienda y Aduanas) y mecanismos sancionadores eficaces para combatir el fraude y garantizar la equidad del sistema. (“Free riding” se refiere a aquellas empresas que ponen envases en el mercado sin cumplir con sus obligaciones legales, lo que genera competencia desleal.)
Transparencia en la facturación: Defendemos la necesidad de criterios claros sobre cómo reflejar los costes de la responsabilidad ampliada en las facturas (es decir, cuánto paga una empresa para cubrir la gestión de los residuos de sus envases), evitando confusión tanto para productores como para consumidores.
Etiquetado comprensible: Apostamos por un sistema armonizado de etiquetado nacional, que implemente las normas europeas con claridad visual, apoyado en tecnologías como códigos QR que permitan a los ciudadanos acceder fácilmente a información relevante para la separación y reciclaje (por ejemplo, saber en qué contenedor debe ir cada parte del envase).
Incentivos al ecodiseño: Recomendamos implantar un sistema de bonificaciones y penalizaciones (bonus-malus) vinculado a criterios de reciclabilidad, uso de materiales reciclados y reducción de peso, acompañado de un sello oficial de excelencia en ecodiseño (esto es, diseño de productos que faciliten su reciclaje, reutilización o reducción del impacto ambiental).
Seguridad jurídica para las entidades locales: Reclamamos criterios objetivos y estables para la elección del modelo de recogida en los municipios y para la relación con los SCRAPs, fomentando la inversión y la mejora continua del servicio mediante mecanismos de compensación justos y medibles.
Asimismo, fruto del análisis de las aportaciones formuladas por otros miembros del consejo asesor de la Fundación, hemos decidido incorporar tres propuestas adicionales que refuerzan la ambición de nuestras recomendaciones: la necesidad de asegurar que los SCRAPs asuman el coste íntegro de la gestión de todos los residuos de envases, incluidos aquellos no declarados o no separables, la cobertura de los costes de valorización energética cuando el reciclaje no sea viable, y una mejora del procedimiento arbitral entre administraciones locales y SCRAPs para resolver los conflictos derivados de la negociación de convenios. Estas incorporaciones permiten fortalecer la coherencia técnica, jurídica y operativa del nuevo marco normativo.
Estas propuestas han sido elaboradas con el convencimiento de que la transición hacia una economía verdaderamente circular exige una normativa clara, ambiciosa y operativa, capaz de movilizar al conjunto de los actores implicados: administraciones, productores, gestores, consumidores y sociedad civil.
