Como se señalaba en el análisis publicado la pasada semana, El Despliegue de la Responsabilidad Ampliada del Productor: Retos y Beneficios para la Transición Circular en España, la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) está dejando de estar vinculada exclusivamente a la gestión de residuos. Su ámbito se extiende progresivamente hacia otros impactos ambientales asociados al consumo y la actividad industrial. Uno de los próximos escenarios será el agua.
La Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas introduce un cambio relevante al establecer un régimen de RAP para determinados productos farmacéuticos y cosméticos. El objetivo es trasladar parte de la responsabilidad económica de eliminar los microcontaminantes presentes en las aguas residuales a quienes ponen estos productos en el mercado.
Este cambio implica la incorporación del denominado tratamiento cuaternario. Las depuradoras convencionales eliminan materia orgánica, sólidos y nutrientes, pero determinados contaminantes emergentes, como residuos de medicamentos, productos de cuidado personal y otras sustancias químicas, requieren tecnologías avanzadas como el carbón activo, la ozonización o los procesos de oxidación avanzada.
Su implantación supondrá inversiones y nuevos costes de energía, reactivos, mantenimiento y monitorización. La Directiva establece que los productores afectados deberán financiar, con carácter general, al menos el 80 % de los costes asociados al tratamiento cuaternario, evitando que recaigan exclusivamente sobre las Administraciones, los usuarios y los contribuyentes.
Pero el alcance de esta nueva RAP va más allá de quién paga la depuración. Como ocurre con otros sistemas de responsabilidad del productor, la verdadera oportunidad está en prevenir el impacto en origen. Una adecuada ecomodulación de las contribuciones podría hacer que los productos con menor impacto sobre las aguas residuales soporten una carga económica inferior, incentivando productos más biodegradables, menos persistentes y con menor generación de microcontaminantes.
El reto será aplicar este principio de forma objetiva. Será necesario determinar qué productos quedan sujetos al sistema, cómo se calcula la contribución de cada productor y cómo se garantiza la trazabilidad de las cantidades comercializadas. También serán fundamentales sistemas fiables de monitorización capaces de relacionar la presencia de determinados contaminantes con las categorías de productos que los generan.
A ello se suma un importante desafío de gobernanza. El nuevo sistema deberá coordinar a productores farmacéuticos y cosméticos, Administraciones públicas, entidades gestoras del saneamiento, estaciones depuradoras y operadores tecnológicos. La experiencia de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) demuestra que una obligación legal requiere estructuras eficaces de financiación, información, trazabilidad y control para convertirse en recursos efectivos y verificables.
En este contexto, la Fundación para la Economía Circular (FEC) puede desempeñar un papel relevante. Su experiencia en economía circular, sostenibilidad y sistemas de RAP permite abordar este nuevo escenario desde una perspectiva que vaya más allá del mero cumplimiento normativo. La creación de un sistema de RAP para las aguas residuales requerirá un modelo organizativo y económico sólido, mecanismos transparentes de reparto de costes y una coordinación eficiente con las Administraciones y las entidades de saneamiento.
Además, la llegada del tratamiento cuaternario puede convertirse en una oportunidad para impulsar la innovación tecnológica. La adaptación de las depuradoras generará demanda de nuevas tecnologías para eliminar microcontaminantes, sensores, sistemas de monitorización y automatización y soluciones que mejoren la eficiencia energética. La RAP puede contribuir así no solo a financiar una nueva generación de tratamientos, sino también a crear un ecosistema de innovación en torno a la depuración avanzada y la gestión circular del agua.
La evolución es significativa: si los primeros sistemas de RAP buscaban principalmente que los productores asumieran los costes de recogida, reutilización y reciclaje de determinados residuos, el nuevo modelo extiende esa responsabilidad a los impactos ambientales generados por determinados productos durante y después de su consumo.
El éxito de esta nueva RAP no debería medirse únicamente por su capacidad para financiar el tratamiento cuaternario, sino también por su capacidad para reducir la contaminación en origen, impulsar productos más sostenibles, fomentar la innovación y distribuir de forma más justa los costes ambientales a lo largo de la cadena de valor.
En este proceso, la experiencia de la FEC puede ayudar a transformar una nueva exigencia regulatoria en una oportunidad de cambio: no se trata simplemente de depurar mejor, sino de avanzar hacia un modelo en el que productores, Administraciones y operadores del ciclo urbano del agua compartan responsabilidades y contribuyan a construir una verdadera economía circular del agua.
